El Clic Digital en Colombia: Acceso Financiero y la Batalla por sus Datos en 2025
CONTENIDO:
- El Giro Regulatorio de 2025: La SIC al Frente de la Batalla por los Datos
- Más Allá del "Clic": La Pre-Solicitud y el Viaje de sus Datos
- El Laberinto del Consentimiento: ¿Realmente Autoriza lo que Comparte?
- La Seguridad en Tránsito: Un Eslabón Débil en la Cadena Digital
- Beneficios Reales, Riesgos Estructurales: La Doble Cara de la Inclusión Digital
- Consejos Prácticos para el Usuario Digital Informado
- Conclusión: Entre la Promesa y el Riesgo
- Guía Completa: Productos Financieros Online y Protección de Datos Personales en Colombia
El Giro Regulatorio de 2025: La SIC al Frente de la Batalla por los Datos
En septiembre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) marcó un punto de inflexión con la emisión de su Circular Externa No. 001 de 2025. Esta medida no es fortuita; responde a una explosión de plataformas fintech, billeteras digitales y aplicaciones de crédito que generan, procesan y, en muchos casos, comercializan información íntima sobre el comportamiento financiero de los colombianos (dane, achcolombia). El documento regulatorio establece trece instrucciones directas, que van desde la prohibición explícita de acceder a galerías fotográficas con propósitos de cobranza, hasta exigencias sobre decisiones automatizadas explicables, buscando un equilibrio entre la innovación y la seguridad de la información. Esta circular llega en un momento crucial, donde el ecosistema fintech colombiano ha crecido exponencialmente. Plataformas como Monet, Solventa, Kredicity o Quipu se han vuelto nombres comunes, y su modelo de negocio, basado en la intermediación digital, ha puesto de manifiesto la necesidad de una supervisión más rigurosa. La pregunta central que ha impulsado esta regulación es sencilla: ¿qué sucede realmente con su información personal cuando usted hace clic en "Solicitar" un crédito online?Más Allá del "Clic": La Pre-Solicitud y el Viaje de sus Datos
Cuando un colombiano presiona el botón "Solicitar" en una plataforma de crédito en línea, inicia un proceso que las regulaciones financieras distinguen de manera crucial, aunque muchos usuarios no lo perciban así. Este gesto aparentemente simple marca la línea divisoria entre lo que legalmente se considera una expresión de interés preliminar y el comienzo de una solicitud formal vinculante. En la práctica, ese clic es exactamente eso: una indicación de que el usuario está considerando un producto financiero. En ese momento, la plataforma intermediaria comienza a recopilar información básica. Desde la perspectiva regulatoria, este es un punto crítico, ya que la información capturada en esta etapa determinará no solo si la solicitud avanzará, sino también cómo esa plataforma, actuando como tercero, puede compartir o ceder esos datos. Muchos de estos actores operan como *generadores de leads*, es decir, intermediarios que identifican potenciales clientes y los conectan con instituciones financieras vigiladas. Cuando un usuario hace clic, no necesariamente está siendo evaluado directamente por un banco; en su lugar, sus datos fluyen hacia servidores intermediarios que los procesan, los califican preliminarmente según criterios automatizados y luego los presentan a entidades financieras que tomarán la decisión final.El Laberinto del Consentimiento: ¿Realmente Autoriza lo que Comparte?
El modelo de negocio de estas plataformas introduce múltiples capas de procesamiento que, en ausencia de una regulación clara, podían resultar opacas. El usuario proporcionaba un número de celular, algunos datos de contacto, información laboral básica. La plataforma, sin una autorización explícita y diferenciada, podía usar esa información no solo para enviar la solicitud a bancos, sino también para enviar publicidad, compartirla con terceros o incluso venderla a otras empresas fintech de su red. La Circular 001 de 2025 introdujo una exigencia que cambia las reglas del juego: el consentimiento debe ser informado y diferenciado. Esto significa que cuando un usuario hace clic, la plataforma debe distinguir claramente entre finalidades necesarias (evaluar la solicitud de crédito y enviarla a entidades financieras) y finalidades accesorias (marketing dirigido, compartición con aliados comerciales, perfilamiento para oferta cruzada de servicios). El usuario debe poder oponerse a las finalidades accesorias sin que ello afecte su acceso al producto principal (bcrp). En teoría, es un avance significativo que busca empoderar al usuario. En la práctica, el desafío radica en cómo implementar esta granularidad en plataformas diseñadas para ser rápidas y con mínima fricción. Una solicitud que requiere que el usuario seleccione detalladamente qué datos desea compartir o con quién, ralentiza el proceso. Pero una solicitud que no lo hace, viola ahora la ley. ¿Le suena familiar haber aceptado términos y condiciones extensos sin leerlos completamente? Este es precisamente el dilema que la regulación busca resolver.¿Qué Tipo de Datos se Recopilan y por Qué son Tan Sensibles?
Una vez que el usuario proporciona información inicial, comienza la segunda fase: la recopilación exhaustiva de datos y la evaluación. Aquí es donde la arquitectura del ecosistema fintech colombiano revela sus tensiones más profundas. Cuando una plataforma intermediaria recibe la información, no solo tiene el nombre, teléfono y correo del usuario. En muchos casos, solicita acceso a aplicaciones de banca móvil para verificar antecedentes crediticios, información del comportamiento transaccional y saldos de cuentas. Algunos de estos datos provienen del propio banco del usuario; otros, de centrales de riesgo como Equifax o Transunion, que mantienen historiales crediticios. La plataforma fintech, mediante algoritmos automatizados, cruza esta información con miles de variables para generar un perfil de riesgo que determina la elegibilidad, el monto y la tasa del crédito. Este cruce de información es donde emergen los verdaderos riesgos de privacidad. La SIC ha alertado específicamente sobre algo que suena simple pero es profundamente invasivo: la prohibición de que las aplicaciones accedan a galerías de fotos o listas de contactos con fines de cobranza. ¿Por qué prohibir algo aparentemente tan inofensivo? Porque cuando un intermediario accede a su lista de contactos, obtiene información social que puede usarse no solo para cobrar, sino para perfilar: sabe a quiénes llama, sus números, sus relaciones. Es un tipo de vigilancia que trasciende el crédito. Las normas de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera revelaron en 2024 que el 82.4% de los adultos colombianos tenía cuentas de ahorro activas. Esa penetración masiva significa que la mayoría de estas aplicaciones fintech pueden acceder a información transaccional detallada, desde sus últimos movimientos y patrones de gasto hasta sus fuentes de ingreso y compras frecuentes, e incluso, a veces, su información biométrica para verificación de identidad (superfinanciera).La Seguridad en Tránsito: Un Eslabón Débil en la Cadena Digital
Aquí entra un aspecto técnico que a menudo se ignora en las discusiones públicas sobre finanzas digitales: la seguridad del dato mientras viaja de un servidor a otro. Cuando un usuario envía información a través de una plataforma intermediaria, esa información no está bajo el control del usuario ni de la entidad financiera final. Está en manos de servidores intermediarios, a menudo alojados en infraestructuras de computación en la nube. Un ejemplo crudo de esta vulnerabilidad se registró en 2024 con el incidente de Bankingly, una plataforma que afectó a 135,000 clientes en varios países de América Latina, incluyendo Colombia, exponiendo datos críticos debido a errores de configuración en almacenamiento en la nube Azure (elpais). Este caso ilustra una vulnerabilidad sistémica: aunque la plataforma intermediaria pueda cumplir con regulaciones de protección de datos, si su infraestructura tecnológica no está configurada correctamente, los datos pueden exponerse sin que exista una violación técnica de política, sino simplemente un error operacional. La Circular 001 de la SIC establece que los responsables y encargados del tratamiento de datos deben "adoptar medidas de seguridad razonables". La palabra "razonables" es, en muchos sentidos, el problema. ¿Qué es "razonable"? ¿Un cifrado de 256 bits? ¿Autenticación de dos factores? ¿Auditorías periódicas? La regulación es intencionalmente flexible, pero esa flexibilidad es precisamente lo que permite que las empresas con menores recursos técnicos se justifiquen con medidas mínimas. Aunque los reportes de seguridad de 2025 muestran que los intentos de fraude digital bajaron al 2.3% en el primer semestre, en comparación con el 3.2% en 2024, la cifra representa un volumen absoluto todavía significativo considerando los millones de transacciones diarias (asobancaria). Detrás de cada intento de fraude existe, potencialmente, un dato comprometido: una contraseña capturada, una información de identificación filtrada o un acceso no autorizado a credenciales biométricas.Beneficios Reales, Riesgos Estructurales: La Doble Cara de la Inclusión Digital
No se trata únicamente de vulnerabilidades. El modelo de solicitudes online de productos financieros ha generado beneficios concretos. En 2025, la duplicación del uso de sistemas de transferencia en tiempo real permitió alcanzar movimientos por $30 billones en transacciones inmediatas (iupana). Plataformas como Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, han eliminado fricción de las operaciones financieras, precisamente porque pueden automatizar decisiones y flujos de datos. Para consumidores rurales, desempleados formalmente, trabajadores informales o jóvenes sin historial crediticio, estas plataformas han abierto acceso a crédito que de otro modo permanecería cerrado. El acceso se democratizó precisamente porque los datos permitieron a entidades financieras evaluar el riesgo más allá de criterios tradicionales como la empleabilidad formal o el colateral físico. En 2025, más de 19 millones de colombianos tenían compromisos crediticios activos, gran parte de ellos alcanzados inicialmente a través de intermediarios digitales (iupana). Simultáneamente, ese mismo acceso ha generado nuevas formas de exclusión y discriminación. Si los algoritmos que procesan datos de solicitudes están sesgados, pueden perpetuar discriminación contra mujeres, poblaciones rurales o minorías. La Circular 001 lo reconoce implícitamente al exigir que se brinde "una explicación clara y comprensible sobre cualquier decisión automatizada que le resulte desfavorable". Un usuario cuya solicitud sea rechazada tiene ahora derecho, al menos en teoría, a saber por qué (asobancaria). La Superintendencia Financiera de Colombia informó que en 2023, el 94.6% de la población adulta tenía acceso a algún producto financiero, un acceso habilitado en gran medida por la digitalización. Pero esa misma Superintendencia también ha reconocido, explícitamente, que "la industria financiera ha acelerado la digitalización, pero se requiere de una gestión de riesgos diferente y dinámica" (superfinanciera).Vigilancia en Evolución: Los Desafíos Regulatorios Persistentes
En las primeras ocho décadas de implementación de regulaciones de protección de datos (la Ley 1581 fue aprobada en 2012, hace 13 años), Colombia ha construido un marco robusto en teoría. Pero la práctica de supervisión es desigual. Las entidades financieras tradicionales, sometidas a la SFC y vigiladas de manera continua, tienen mejores estándares que las fintech menores. Algunas plataformas de crédito operan en un limbo normativo donde su estatus no es completamente claro. Durante 2024, se reportó que la SIC impuso sanciones que excedían los 200 millones de pesos contra plataformas fintech por violaciones que incluían cobro de intereses excesivos, pero también por violaciones de protección de datos: difusión de información crediticia con conocidos del usuario o acceso a contactos sin autorización (urf). Estas sanciones envían señales, pero también revelan que hasta hace poco, algunos intermediarios operaban bajo la suposición de que esas prácticas eran permitidas. El desafío fundamental que enfrenta Colombia en octubre de 2025 es que sus marcos regulatorios (Ley 1581 sobre protección de datos, Ley 1266 sobre hábeas data, Circular 004 de 2023 sobre finanzas abiertas, y ahora Circular 001 de 2025 sobre fintech) aún están en fase de consolidación operativa. Existen tensiones entre ellos: el proyecto de modernización de la Ley 1581 busca permitir tratamientos de datos para fines de investigación e innovación, mientras que la Circular 001 endurece requisitos de autorización (banrep).Consejos Prácticos para el Usuario Digital Informado
Navegar el ecosistema financiero digital de Colombia en 2025 exige un nivel de conciencia y proactividad por parte del usuario que antes no era necesario. * **Lea con atención:** Es imperativo ir más allá del "aceptar" ciego a los términos y condiciones. Busque las políticas de privacidad y los usos específicos que la plataforma dará a sus datos. * **Diferencie el consentimiento:** Si la plataforma le permite, desactive las opciones de consentimiento para finalidades accesorias (marketing, compartición con terceros no esenciales). Recuerde: la ley prohíbe condicionar el servicio principal a estas autorizaciones adicionales. * **Pregunte y exija explicaciones:** Si su solicitud es rechazada por una decisión automatizada, la Circular 001 le da derecho a una explicación clara. No dude en solicitarla. * **Revise sus permisos:** Sea consciente de los accesos que otorga a las aplicaciones (galería de fotos, lista de contactos, acceso a banca móvil). Pregúntese si son estrictamente necesarios para el servicio solicitado. * **Monitoree su historial crediticio:** Revise periódicamente su reporte en centrales de riesgo para identificar cualquier actividad sospechosa o información incorrecta que pueda haberse generado por el flujo de datos. * **La relación deuda-ingreso (DTI):** un indicador que mide el porcentaje de ingresos mensuales destinado a obligaciones financieras, es clave. Asegúrese de que las plataformas no soliciten datos para fines que excedan la evaluación de este y otros indicadores relevantes. * **El scoring crediticio:** sistema de calificación del historial en escala 1-999 puntos, se construye con sus datos. Comprender cómo funciona le da poder. * **La tasa de usura:** límite máximo de interés permitido, es un dato público (en 28.74% EA para 2025). Siempre compare las tasas ofrecidas con este techo legal. Su información personal es su activo más valioso en la economía digital. Protegerla es tanto una responsabilidad de las entidades como un derecho inalienable del ciudadano.Conclusión: Entre la Promesa y el Riesgo
El clic en "Solicitar" dentro de una aplicación de crédito digital representa una de las tensiones más profundas de la economía digital contemporánea: cómo balancear automáticamente entre expandir acceso, automatizar decisiones, mejorar eficiencia y proteger la privacidad fundamental de las personas. Colombia, a través de su arquitectura regulatoria en 2025, está intentando construir ese balance. La Circular 001 de la SIC es un paso significativo, pero solo un paso en un camino largo. Lo que viene después es la verdadera prueba: ¿será suficiente que la regulación exija cosas como consentimiento diferenciado si nadie verifica que suceda? ¿Tendrán los consumidores colombianos los mecanismos reales para entender qué significa autorizar el tratamiento de sus datos? ¿Podrán ejercer realmente sus derechos (rectificación, supresión, portabilidad) en un ecosistema que fue diseñado para ser rápido, no transparente? La inclusión financiera digital es una realidad que beneficia a millones. Pero ese beneficio debe construirse sobre bases sólidas de protección de datos, no sobre la esperanza de que las empresas se autorregulen o que los consumidores entiendan la letra pequeña. Cuando en octubre de 2025 un colombiano hace clic en "Solicitar", está iniciando no solo una transacción financiera, sino un proceso donde sus derechos fundamentales están efectivamente en juego. Las regulaciones nuevas reconocen eso. Ahora toca a instituciones, autoridades y ciudadanos hacer que importe en la práctica.Guía Completa: Productos Financieros Online y Protección de Datos Personales en Colombia
La Ley 1581 de 2012 establece que el tratamiento de datos personales requiere consentimiento previo, expreso e informado del titular, garantizando principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia y seguridad. La información debe ser veraz, completa, exacta y actualizada, y solo autoridades públicas, en urgencias médicas o por mandato judicial pueden acceder sin autorización previa.
Utiliza contraseñas fuertes y únicas, activa autenticación de dos factores (2FA), evita WiFi público para operaciones sensibles, verifica que los sitios tengan certificado HTTPS con candado de seguridad, no guardes contraseñas en navegadores, y actualiza regularmente tu dispositivo con parches de seguridad. También monitorea constantemente tus movimientos y activa alertas de transacciones sospechosas.
Según el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012, la autorización no es necesaria cuando: la información es requerida por entidades públicas en ejercicio de funciones legales o por orden judicial; se trata de datos de naturaleza pública; hay casos de urgencia médica o sanitaria; el tratamiento está autorizado por ley para fines históricos, estadísticos o científicos; o se relaciona con Registro Civil.
Verifica directamente en el sitio web de la Superintendencia Financiera (www.superfinanciera.gov.co/listado-entidades) o consulta el registro de la Superintendencia de Economía Solidaria para cooperativas. Busca el nombre exacto de la empresa, valida su NIT y datos de contacto, e investiga alertas emitidas por autoridades. Desconfía de entidades que no aparecen en registros oficiales.
Solo entidades autorizadas legalmente pueden acceder a tu información financiera con tu consentimiento: tu banco o entidad financiera, centrales de riesgo autorizadas (CIFIN/TransUnion y Datacrédito), autoridades públicas con orden judicial, y terceros autorizados expresamente por ti. Entidades no autorizadas no pueden acceder sin tu permiso explícito bajo pena de sanción legal.
Solo el titular puede conocer sus propias cuentas consultando directamente con cada banco, por banca digital o presencialmente. Para terceros, solo es posible mediante orden judicial. Los particulares no pueden investigar cuentas ajenas legalmente; intentarlo constituiría violación de privacidad. La información bancaria es confidencial bajo la reserva bancaria.
Consulta la Superintendencia Financiera de Colombia (superfinanciera.gov.co), Superintendencia de Economía Solidaria para cooperativas, Superintendencia de Sociedades para empresas comerciales, Cámara de Comercio local, o contacta directamente a estas autoridades por teléfono. En caso de sospecha de fraude, presenta denuncia ante la Policía Financiera o la autoridad correspondiente.
Verifica que aparezca en registros oficiales de organismos supervisores, que tenga certificado HTTPS en su sitio web, que ofrezca canales de atención segura y protecciones de datos, que sea transparent sobre tasas y costos, que cuente con seguro de depósitos (FOGAFÍN) si captura ahorros, y que responda claramente a preguntas sobre regulación y seguridad.
Generalmente debes ser mayor de 18 años, ser colombiano o residente permanente, tener cédula de ciudadanía vigente (extranjeros presentan pasaporte o cédula de extranjería), poseer cuenta bancaria activa, correo electrónico personal, celular a tu nombre, ingresos verificables (usualmente mínimo 1 SMMLV), y cumplir con criterios SARLAFT sin reportes negativos en centrales de riesgo.
Las plataformas digitales y fintech ofrecen respuestas en minutos a pocas horas gracias a sistemas automatizados. El desembolso típicamente ocurre entre 24-48 horas hábiles después de la aprobación, aunque puede extenderse hasta 72 horas según ciclos ACH. Solicitantes con historial crediticio sólido y documentación completa reciben aprobaciones más rápidas.
Necesitas cédula de ciudadanía original y vigente, comprobante de domicilio, correo electrónico activo, número de celular personal, y acceso a cámara e internet. Extranjeros requieren pasaporte, cédula de extranjería, permiso de residencia vigente, y comprobante de domicilio en Colombia. Menores de edad deben presentarse con responsable legal.
Acceso 24/7 sin horarios de oficina, procesos completamente digitales sin papeleos, aprobación y desembolso rápidos en horas, menores costos transaccionales y de operación, facilidad de comparar opciones desde casa, autenticación segura con múltiples factores, y transparencia en tasas e intereses desde el inicio.
Mayor riesgo de fraude y phishing si no se toman precauciones de seguridad, dependencia de conexión a internet, falta de asesoría personalizada en algunos casos, requisitos de documentación digital que pueden ser complicados, riesgo de ciberataques a plataformas, posibles tasas de interés más altas en algunos productos, y limitaciones para usuarios con poca literacidad digital.
La Ley 1266 de 2008 regula el habeas data financiero, permitiendo conocer, actualizar y rectificar información en centrales de riesgo. Garantiza el derecho a saber qué datos financieros poseen sobre ti, acceso gratuito a reportes una vez al mes en CIFIN/TransUnion y Datacrédito, derecho a recibir explicaciones sobre decisiones crediticias, y protección contra reportes incorrectos o discriminatorios.
La Circular Externa 001 de 2025 establece que fintech y plataformas digitales solo pueden recolectar datos estrictamente necesarios, no pueden condicionar servicios a datos sensibles o biométricos, deben diferenciar entre finalidades necesarias y accesorias permitiendo rechazo de estas últimas, garantizar transparencia en decisiones automatizadas, implementar seguridad reforzada para datos biométricos, y facilitar mecanismos ágiles para acceso, rectificación y supresión de datos.
