Información Financiera en Colombia 2026: Precisión para la Confianza y Estabilidad
CONTENIDO:
- El Escenario Actual del Sistema: Cifras que Reclaman Rigor en los Datos
- La Amenaza del Fraude Digital: Cuando la Información Falsa Cuesta Billones
- Rol de los Reguladores: Vigilancia y Adaptación Normativa en la Era Digital
- El Consumidor en el Centro: Transparencia, Educación y el Impacto de la Información Veraz
- La Inclusión Financiera: Un Desafío de Datos en Zonas Urbanas y Rurales
- Reflexiones Finales: La Información como Infraestructura Crítica del Mañana
- Preguntas Frecuentes: Economía y Realidad Social de Colombia
La validación precisa de la información se ha consolidado como un factor crítico para la estabilidad del mercado financiero colombiano en este 2026. Con más del 35% de la población aún excluida del sistema financiero formal, la rigurosidad en los datos no es solo un imperativo regulatorio, sino una preocupación central que afecta a millones de colombianos cuyas decisiones dependen directamente de la confiabilidad de la información.
He cubierto el sector financiero por años, y pocas veces he visto un consenso tan claro entre reguladores, entidades y analistas sobre la urgencia de fortalecer la calidad de los datos. Esta realidad estructura un desafío ineludible para las autoridades supervisoras y para los usuarios, quienes día a día navegan un panorama cada vez más digital y complejo.
El Escenario Actual del Sistema: Cifras que Reclaman Rigor en los Datos
Al cierre de marzo de 2026, el activo total del sistema financiero colombiano alcanzó la impresionante cifra de COP 3.285,6 billones, según el Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2026 del Banco de la República. Los establecimientos de crédito, pilar de la economía, concentran el 32,4% de esta suma, mientras que las instituciones financieras no bancarias gestionan el 56,5%. Esta magnitud subraya la importancia capital de la exactitud en cada dato que circula.
Un indicador que nos pone en alerta sobre la necesidad de esta precisión es la morosidad. Las cifras del mismo reporte del Banco de la República revelan que la cartera comercial registró niveles de mora elevados frente a los promedios históricos. En marzo de 2026, el indicador de calidad por mora (ICM) para créditos comerciales se ubicó en 3,8%, el de consumo alcanzó el 6,6%, y el de vivienda el 7,0%. Si bien representan una leve mejora respecto al semestre anterior, la persistencia de estos niveles exige a los equipos de evaluación crediticia una validación constante de la información de los deudores, sus fuentes de ingresos y su capacidad real de pago. ¿Se ha preguntado alguna vez cuántas de estas decisiones crediticias se basan en información que, aunque parezca sólida, podría tener fisuras?
A pesar de estos desafíos, la cartera de crédito muestra signos de una recuperación moderada. Entre febrero y agosto de 2026, el crédito total se aceleró, alcanzando tasas de crecimiento positivas por primera vez desde abril de 2023. Sin embargo, este dinamismo no es uniforme; la cartera de consumo y el microcrédito exhiben un notable impulso, mientras que los créditos comerciales avanzan con más cautela. En mayo de 2026, el saldo bruto de la cartera se situó en COP 725,3 billones, con una variación real anual del +0,3%, según datos de la Superintendencia Financiera de Colombia. Este escenario refuerza la urgencia de que los establecimientos de crédito fortalezcan sus metodologías de recolección y verificación de datos, no solo para gestionar el riesgo, sino para fomentar una recuperación sostenida y equitativa.
La Superintendencia Financiera exige que todas las entidades vigiladas implementen el Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC). Este sistema contempla políticas y procedimientos diseñados para evaluar, asumir, calificar, controlar y cubrir adecuadamente el riesgo crediticio. No obstante, la efectividad de estas herramientas depende intrínsecamente de la calidad de la información que las alimenta. Una metodología robusta con datos deficientes es, francamente, como construir sobre arena. Aquí es donde el periodismo financiero cumple su función: no solo reportar las cifras, sino cuestionar su origen y confiabilidad.
La Amenaza del Fraude Digital: Cuando la Información Falsa Cuesta Billones
La importancia de la información precisa se magnifica ante el alarmante crecimiento de intentos fraudulentos. En el primer trimestre de 2026, los fraudes digitales en América Latina crecieron un 50,65% frente al mismo periodo del año anterior, superando el promedio global, según Sumsub. En Colombia, el panorama es aún más preocupante: solo en 2024, los intentos de fraude digital aumentaron un 43,5%. Si esta tendencia continúa, las pérdidas por suplantación de identidad podrían superar los 50 billones de pesos, una cifra que debería resonar con fuerza en cada junta directiva y en cada hogar colombiano, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Informática, Sistemas y Tecnologías Afines (ACIS).
Más allá de las estadísticas generales, existe un hallazgo específico que demuestra la creciente sofisticación del crimen: el aumento del 140% en el uso de documentos de identidades sintéticos. Los delincuentes combinan información personal real con datos falsos para crear perfiles completamente ficticios. Este tipo de fraude contamina directamente las bases de datos de las instituciones financieras, distorsionando los modelos de scoring crediticio (el sistema de calificación del historial en una escala de 1 a 999 puntos) y afectando la capacidad de las entidades para evaluar el riesgo real de los solicitantes.
La situación es tan grave que ha permeado la vida cotidiana de los colombianos. Más del 80% de los colombianos con cuentas bancarias asegura haber sido víctima de intentos de fraude, según la firma de inteligencia FICO. Y en una encuesta de TransUnion durante el segundo semestre de 2024, el 9% de los encuestados reportó haber sido víctima de fraude consumado, mientras que el 33% afirmó haber sido blanco de un intento de fraude que logró evitar. Estas cifras demuestran que la inseguridad de la información y la desconfianza se han convertido en una preocupación constante para el consumidor financiero. ¿Le suena familiar esta experiencia?
Rol de los Reguladores: Vigilancia y Adaptación Normativa en la Era Digital
En este complejo escenario, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) juega un papel preponderante. Es la entidad responsable de vigilar que los establecimientos de crédito reporten información veraz, completa y oportuna. Su marco regulatorio obliga a las instituciones financieras a actualizar y rectificar permanentemente la información reportada a las bases de datos y centrales de riesgo, garantizando que los datos sean siempre verdaderos y completos. Esta misión, aunque fundamental, está lejos de ser sencilla.
Las entrevistas con directores de entidades y los reportes de la propia SFC revelan desafíos operativos significativos. Recordemos que en 2023, la Superintendencia detectó más de 120 empresas autodenominadas "autorizadas" que no figuraban en ningún registro oficial. Este dato es elocuente: la validación de información no es un proceso que se complete y se dé por sentado, sino una vigilancia permanente y crítica. Para 2026, la SFC ha impulsado reformas normativas de gran envergadura, como la Circular Externa 006, que reexpide la Circular Básica Financiera. Esta reforma reorganiza y simplifica más de 50 años de normativa acumulada, introduciendo mayor claridad y acceso digital a la regulación. Este cambio reconoce implícitamente que una regulación excesivamente compleja también puede dificultar la recolección precisa de información y, por ende, la supervisión efectiva.
Por su parte, el Banco de la República, como banco central y guardián de la estabilidad financiera, realiza un análisis sistemático de la información que genera y reporta el sector. Su Reporte de Estabilidad Financiera semestral se erige como un documento de análisis crítico que identifica vulnerabilidades y riesgos, basándose en información verificada de la Superintendencia Financiera. En junio de 2026, el Banco de la República advirtió que, aunque el sistema financiero colombiano mostró resiliencia ante choques macroeconómicos extremos, persistían vulnerabilidades específicas, como una mayor exposición a las fluctuaciones de precios de los títulos de deuda pública (TES) y la morosidad elevada. Estos análisis requieren metodologías rigurosas de recolección de datos, incluyendo la evaluación de la solvencia, rentabilidad, liquidez y calidad de cartera de los establecimientos de crédito. Es un engranaje complejo donde cada pieza, cada dato, debe ser validado con precisión.
El Consumidor en el Centro: Transparencia, Educación y el Impacto de la Información Veraz
La precisión de la información tiene un impacto directo en las decisiones de 50 millones de colombianos. En septiembre de 2026, la confianza del consumidor se ubicó en 1,6%, mostrando una leve recuperación respecto a agosto (-2,4%), pero evidenciando la fragilidad de la percepción sobre el futuro económico. Esta fragilidad se exacerba exponencialmente cuando los consumidores desconfían de la información que reciben sobre productos financieros. La Ley 1480 de 2011, el Estatuto del Consumidor, es clara: los productores y proveedores deben suministrar información "clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea". Son responsables, además, de cualquier daño que sea consecuencia de información inadecuada o insuficiente. Sin embargo, el cumplimiento de estos estándares varía significativamente entre entidades, y la realidad es que muchos usuarios desconocen sus derechos y las implicaciones de la información que consumen.
La Superintendencia Financiera realizó en 2023-2024 la primera "Encuesta sobre preferencias para recibir educación financiera" con 4.512 participantes. El resultado fue revelador: los colombianos desconocen opciones fundamentales del mercado financiero y carecen de información para tomar decisiones bien fundadas sobre ahorro, crédito e inversión. Esta brecha, francamente, es tanto un síntoma de falta de educación como de una validación deficiente de la información disponible en el sector. No se trata solo de tener los datos, sino de que sean comprensibles y accesibles para todos.
Un ejemplo palpable de esta volatilidad y de la necesidad de información precisa son las tasas de interés. Para octubre de 2026, la tasa de usura en créditos de consumo y ordinarios se estableció en 24,36%. Esta cifra, calculada por la Superintendencia Financiera con base en la información semanal reportada por los establecimientos de crédito, es un límite crucial. No obstante, el Banco de la República ha advertido que, de persistir las presiones inflacionarias y el deterioro fiscal, podría producirse un aumento de tasas por primera vez en más de dos años. En un contexto así, la información exacta sobre las condiciones crediticias es vital. Un punto de interés menos en un crédito de consumo reduce la cuota anual en más de 6 mil pesos por cada millón otorgado. Es decir, una pequeña imprecisión puede costar millones a un hogar.
La Inclusión Financiera: Un Desafío de Datos en Zonas Urbanas y Rurales
La falta de precisión y la desconfianza en la información han tenido consecuencias concretas en la inclusión financiera. Según datos de 2024, el 35% de la población colombiana permanece excluida del sistema financiero formal. En zonas rurales, esa cifra es dramáticamente más alta: apenas el 40% de la población tiene alguna forma de cuenta bancaria, comparado con el 75% en zonas urbanas. Parte de esta brecha está directamente asociada a información imprecisa o insuficiente sobre la capacidad crediticia de poblaciones vulnerables, a menudo invisibles para los modelos tradicionales de evaluación.
La buena noticia es que se están abriendo caminos para abordar esto. Los datos alternativos para evaluación crediticia, regulados mediante el Decreto 1297 de 2022, han abierto posibilidades para mejorar la precisión en la evaluación de poblaciones sin historial crediticio tradicional. Hablamos de información no convencional, como el pago de servicios públicos o el comportamiento de pagos en comercios. Sin embargo, el uso de estos datos también requiere metodologías rigurosas de validación y verificación. La promesa de la inclusión financiera no se materializará si los "nuevos" datos no son tan confiables como los "tradicionales".
Para 2026, la Superintendencia Financiera ha incluido en su agenda regulatoria la supervisión de operadores de información. Según la Unidad de Regulación Financiera (URF), se adelantará un proyecto de decreto para definir el esquema de inspección, vigilancia y control de estos operadores que administran información financiera y crediticia. Este movimiento es clave, pues reconoce que la información crediticia es un bien público crítico que requiere supervisión específica, más allá de la vigilancia tradicional de las entidades financieras. El Decreto 1297 de julio de 2022 ya permitió el intercambio de datos entre entidades bajo el esquema de open banking, protegiendo al consumidor, pero la supervisión de los operadores ha sido un vacío regulatorio que 2026 comenzará a cerrar, sentando las bases para una infraestructura de datos más segura y equitativa.
Reflexiones Finales: La Información como Infraestructura Crítica del Mañana
Para 2026, Colombia enfrenta un dilema fundamental: el sistema financiero es cada vez más digital, dinámico y sofisticado, pero también está más expuesto a fraude, manipulación de información e inexactitudes. La precisión de la información en este contexto no es un tema técnico de cumplimiento normativo. Es, sin exagerar, una cuestión de estabilidad financiera sistémica y de protección de los derechos de millones de consumidores que dependen de decisiones bien informadas para su bienestar económico.
La Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco de la República y los equipos de analistas de las instituciones financieras tienen una responsabilidad compartida: garantizar que la información sobre productos y servicios financieros que circula en el mercado sea verificada, actualizada y accesible. Sin esta precisión, la recuperación moderada de la cartera de crédito, la inclusión financiera anunciada para 2026 y la estabilidad general del sistema están permanentemente en riesgo. Las cifras nos hablan claro: el consumidor colombiano, que enfrenta una inflación del 5,18% en septiembre y tasas de interés que han permanecido en 9,25%, merece información exacta para sus decisiones financieras, especialmente en un entorno tan volátil.
En mi experiencia cubriendo este sector, la inversión en validación rigurosa de datos y la supervisión efectiva de los operadores de información no son gastos regulatorios superfluos. Son, en realidad, inversiones fundamentales en la robustez y la confianza de un sistema que, de otro modo, estaría construyendo su futuro sobre cimientos inestables. Es la base sobre la que se construye la confianza, y la confianza, en el mundo financiero, lo es todo.
